Eduardo Marcos Rueda
ANTECEDENTES
Numerosas protestas, incluyendo muertos, se
han producido en Nicaragua, recientemente. La razón: una llamada reforma en su Sistema
de Pensiones
En Nicaragua está vigente un Sistema de
Pensiones público cuyo financiamiento es el del sistema de reparto, es decir,
un sistema contributivo que se basa en los aportes o cotizaciones aunque tiene
un fondo de reserva con capitalización colectiva. A inicios de los años 2000 se
optó por el Sistema de Capitalización Individual (privado) que a los pocos
años, se dejó sin efecto.
Se continuó, entonces, con el Sistema Público
a cargo del Instituto Nicaraguense de Seguro Social.
Con los inconvenientes que comenzaron a
suscitarse, el año pasado el FMI planteó reformas drásticas como subir la tasa
de aportación, la edad de jubilación, subir a 1500 semanas para jubilarse,
eliminar pensiones especiales (víctimas de guerra), entre otras.
En efecto, cuando un sistema basado en la pirámide
intergeneracional y solidaria en la que los activos (base de la pirámide) financian
a los pasivos (cúspide), los trabajadores a los pensionistas, se debe adoptar
algunas decisiones que permitan equilibrar los ingresos con los egresos, lograr
el sostenimiento del sistema y que, por lo general, no la asumen los políticos,
por su propia impopularidad.
DECISIONES
DEL ACTUAL GOBIERNO
El actual gobierno optó, entonces, por las
siguientes reformas paramétricas (no, estructurales):
-
Aumento
de 19% a 21% el aporte patronal al régimen de seguridad integral, que abarca
invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad. Posteriormente habría aumentos
graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020.
-
Aumento
de las cotizaciones de los trabajadores. Se habrían incrementado de 6,25% a 7%
sobre el salario mensual, mientras que la cuota del Estado aumentaba de 0,25% a
1,25%.
-
Deducción
a los jubilados, 5% de su pensión para cubrir su atención médica.
El presidente de Nicaragua ha dado marcha
atrás y ha llamado a una conversación con los entes involucrados para lograr un
acuerdo de consenso que permita la solución del problema.
¿Se insistirá en la elevación de las
cotizaciones? ¿Se planteará un plazo mayor de implementación? ¿Se reducirán los
gastos administrativos? ¿Se planteará una solución estructural? ¿Cuáles son las
condiciones políticas, sociales y económicas?
Lima,
abril de 2018
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